Archivo de marzo de 2005
Bienvenidos hijos del p2p
29 de marzo de 2005 | 
Autor: Esta mañana me he despertado nostálgico, y buscando entre mis viejos vinilos he encontrado una joya de los ochenta; el “Bienvenidos” de Miguel Ríos…sin embargo, no me ha sonado como entonces. Juzguen Vds. mismos:
Publicado en 
II Jornada de Derecho de las Telecomunicaciones
Superados los obstáculos que forzaron la suspensión de la anterior convocatoria, y organizada por la sub-sección de Dcho. de telecomunicaciones, cuyo responsable es el vocal D. Javier Prenafeta Rodriguez. Tendrá lugar el próximo día 31 de marzo, jueves, a las 18:00 en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, c/ Don Jaime, nº 18.
El programa queda como sigue:
- El marco regulatorio de las telecomunicaciones. La nueva Ley General de las Telecomunicaciones. A cargo de D. Miquel Àngel Alonso Latorre, abogado y socio participativo de Roca-Junyent Advocats Associats.
- Régimen de títulos habilitantes. A cargo de D. Javier Prenafeta Rodríguez, abogado y miembro de la SDINT-ReICAZ.
- Perspectivas y nuevas herramientas para despachos de abogados: Wifi, Wimax, VPN y VoIP. A cargo de D. Jorge Blasco, Ingeniero de Telecomunicaciones y socio de Embou Nuevas Tecnologías, S.L.
La entrada es libre, previa inscripción .
La inscripción exclusivamente por medio de correo electrónico dirigido a e-seccion@reicaz.es
Requiem por el Derecho Comunitario
Vidal Mayor – Huesca 1.247
Existe la creencia de que el Derecho positivo va por detrás de la realidad social, y así nos lo han enseñado, también, en las facultades de Derecho; sin embargo, esta afirmación no es válida en la España del siglo XXI.
El corpus legislativo desarrollado en los últimos años, interpretado a la luz de los principios generales del derecho y, por que no decirlo, adaptando la legislación decimonónica a las nuevas formas de comunicarse e interactuar da cumplida respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad de la información en un doble ámbito; en la protección jurídica de quienes operan en el tráfico mercantil a través de Internet y en la protección de los derechos de los usuarios – consumidores e internautas. Esta “doble protección” jurídica genera confianza en las empresas y en los consumidores.
Sin embargo, la Sociedad del Conocimiento continúa con la inercia generada en los momentos en que no existía seguridad técnica con certificados de seguridad de cifrado pobre (40 bits) ni seguridad jurídica (entendida como derecho positivo), importando como consecuencia de la influencia, casi nunca positiva en estos lares, del derecho anglosajón y los intereses de las multinacionales del sector la autorregulación sectorial y los códigos de conducta de los que – cediendo sus caprichos – también se ha hecho eco la normativa comunitaria (entre otras las Directivas 95/46/CE y 2000/31/CE) y, no nos olvidemos, las licencias de uso frente a la elaborada doctrina jurídica continental en torno a la cesión de derechos de autor.
El esfuerzo tecnológico llevado a cabo desde mediados de los 90, primordialmente de la mano del acceso de los españoles a la “banda ancha” y a los logaritmos de cifrado robusto de las comunicaciones (ssl 128), la proliferación de cortafuegos cada vez más eficaces y de antivirus más potentes ha tenido su reflejo en el incremento del número de internautas y en la proliferación de la presencia de las empresas en Internet. No obstante el español, empresario o particular, es – probablemente aún de forma inconsciente – de tradición iuspositivista, y demanda una seguridad jurídica que, como avanzábamos al principio, existe pero a la que no se ha prestado la necesaria atención por parte de los operadores tecnológicos y de ello seamos culpables, probablemente, los propios juristas que hemos hecho nuestros conceptos como “código de conducta”, ó “código de buenas prácticas en e-commerce”, en lugar de informar de la existencia de las leyes promulgadas en los últimos años, casi todas de derecho público, y todas de obligado cumplimiento.
La definitiva “revolución de Internet”; lo que hará que despegue el comercio electrónico viene de la mano de la seguridad jurídica, y del matrimonio – imprescindible – entre informática y Derecho. La autorregulación importada del derecho y usos anglosajones es útil en ausencia de derecho positivo, pero debe ceder ante la respuesta del legislador a los problemas del comercio electrónico y la protección de los derechos de los internautas; ante la LEY como máximo garante de los derechos y libertades.
La Ley como respuesta a las necesidades del comercio electrónico existe en la Europa del siglo XXI, con sus virtudes y sus carencias – que ya depurarán los Tribunales como han venido haciendo en los últimos siglos – y debe aplicarse como el mejor código de conducta del que nos hemos dotado los españoles (y los europeos); y no sólo por la imperatividad de las normas ni, desde un punto de vista negativo, para eludir sanciones de miles de €uros sino, desde una perspectiva positiva, como un elemento generador de confianza en los operadores tecnológicos y el gran público que confía más – y así debe ser desde una concepción iuspositivista del derecho – en la Ley que en la autorregulación sectorial.
“Ahora la Ley actúa” (pero de verdad)
La corte de apelación de Montpelier ha absuelto, confirmando la Sentencia dictada por el tribunal “de grande instance” de Rodez, a un internauta francés acusado de “pirata” por 17 productoras cinematográficas. El supuesto de hecho la descarga de películas de Internet y la copia de DVD´s.
Mientras en España nuestro Ministerio de Cultura lanza campañas difamatorias los Tribunales galos se hacen eco de los argumentos esgrimidos por algunos abogados y fallan a favor de los consumidores considerando que “lorsqu’une oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective.”
¿Les suena el argumento?
Lo relevante, en el ámbito comunitario (y España es Europa) es que el argumento legal de la Corte de Apelación viene de la mano de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo. que está en consonancia con la normativa española de propiedad intelectual – en lo que al derecho a la copia privada se refiere.
Sres. de la $GAE y “otras yerbas”…Sra. “Menestra”, no sigan intoxicando a la opinión pública, ni calumniando a los consumidores (que la calumnia sí es una conducta tipificada). La copia privada de obras divulgadas para uso privado del copista, en Europa, es legal y, aunque nosotros ya lo sabíamos, los Tribunales ya se han hecho eco de nuestros argumentos y, lo relevante Doña Carmen, no estamos hablando de legislación española que puede Vd. reformar al gusto de la gestoras – patrimoniales, no seamos cínicos – de derechos de autor; que también, sino de normativa Europea cuya reforma escapa a sus capacidades (de Vd. y su gobierno).
UPDATE 14/03/05
Ni manipulando la forma de preguntar en las encuestas consiguen que la gente – que no tiene por qué saber de derecho – crea que el p2p es delito
(aunque los Sres. de libertad digital – a quienes hago homenaje con la cita – que algo deberían saber a estas alturas bien podían aclarar la manipulación de la encuesta)
“(Libertad Digital) Los encuestados marcan dos diferencias: por un lado, la obtención de canciones a través de la Red, que debería ser legal y, por otro, la adquisición de CD o DVD no originales en el top manta, que sí consideran que debería ilegalizarse. Así opina la mitad de los encuestados, según remarca el estudio “Las descargas y la compra de programas, archivos, música y videos no originales: Un derecho o un delito”, elaborado por el proveedor de acceso Ya.com junto con la plataforma MetaScore.
De los 5.000 encuestados, el 89,3 por ciento cree que también debería legalizarse la posibilidad de realizar copias privadas y el 77,8 por ciento aboga para que no se tenga ningún problema por instalar software no original en el ordenador.
Reforma de la L.O.P.D. (lo que ví, entendí)
El pasado jueves día 10 de marzo, la abogada aragonesa Amaya Bretón comentó las reformas previstas en la L.O.P.D. y que fueron expuestas con motivo de una jornada organizada por la C.L.I. el pasado primero de diciembre de 2.004 en Madrid.
De entre las novedades previstas llamó mi atención la voluntad de dotar a la A.E.P.D. de potestad para adoptar medidas cautelares de caracter administrativo ante presuntas infracciones de la normativa de protección de datos, y la futura creación de la figura del delegado de protección de datos; con formación jurídica e informática, y de preceptiva implantación en empresas de más de 250 trabajadores.
Pero lo que quizás llamó más mi atención fue que, según nos informó Amaya, tanto la C.L.I. como la A.E.P.D. no consideran – a los efectos de la L.O.P.D. – Internet como fuente accesible al público.
DELITO CONTINUADO DE DEFRAUDACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
La AP León Sección 1.ª, en Sentencia de 20 Ene. 2005 ha condenado al acusado como autor de un delito tipificado en el artículo 255.3 CP 1995. Entiende la Audiencia que el valor de lo defraudado supera la cifra que separa la falta del delito, y considera que DOS MESES es tiempo suficiente para apreciar delito continuado
En términos de la propia Sentencia:
“La conducta del acusado en el caso está correctamente incardinada en el art. 255.3 CP 1995; consta por su propia declaración que confeccionó una tarjeta electrónica en la que tras insertar los códigos que indebidamente obtenía en Internet, lograba visualizar la señal televisiva sin coste alguno. Lo hacía para su uso particular y en su domicilio, utilizando un ordenador y un programador, y procedía al cambio de codificación cuando la entidad emisora modificaba los datos. No existe duda alguna del ánimo defraudatorio, pues los hechos revelan un claro aprovechamiento económico mediante el impago de la cuota correspondiente al paquete de canales generales y por el acceso a películas y acontecimientos deportivos –pago por visión– sin necesidad de abonarlos. Se está en presencia de una conducta delictiva continuada por cuanto disfrutó gratuitamente durante dos meses de la señal empleando medios clandestinos, y ello pese a que la tarjeta utilizada es de libre adquisición en el mercado. El importe de la defraudación acreditada se integra por la cuota de inscripción –90,15 euros–, la instalación básica –90,15 euros–, dos mensualidades –123,02 euros–, el alquiler del decodificador –15,98 euros–, y el consumo medio en taquilla de otros productos, cantidad que supera con creces el límite que separa el delito de la falta. “
A diferencia de otras conductas (y sin perjuicio de que podamos estar de acuerdo o no con la cantidad que separa la falta del delito, o que podamos discrepar con el Tribunal respecto del tiempo necesario para aplicar la figura de “delito continuado”) la enjuiciada por la A.P. de León es una conducta tipificada en código penal, incardinable, ésta sí en el concepto vulgar de piratería.
11 de marzo
Hoy no habrá post´s en homenaje a las 192 victimas mortales y los miles de damnificados por la tragedia.
Directiva Comunitaria sobre patentes de software
Los ministros de Industria y Energía de los Veinticinco han ratificado sin debate el acuerdo político alcanzado en mayo de 2004 sobre la controvertida directiva de patentes de ‘software’. También lo cuentan en las nuevas herramientas
Por mi parte, desde la más profunda desolación no puedo, en estos momentos, sino recordarles a Vds. algunos artículos que nos habrían parecido de Orwell hace pocos años.
UPDATE 13:36
He extractado para Vds. un párrafo que me ha parecido especialmente preocupante:
Un gobierno que use software de Microsoft no es un gobierno independiente. Cualquier gobierno que desee ser independiente del gobierno de los Estados Unidos de América, y cualquier gobierno que se represente a sí mismo como controlado por su propio pueblo, no puede usar sistemas operativos Microsoft ni otros sistemas propietarios Microsoft.
Una razón para esto son tanto los antiguos como los nuevos métodos de Microsoft para mantener el control del software que vende. Es muy caro empezar a usar un sistema operativo, y una vez que un sistema operativo está en uso, es difícil dejar de usarlo. No se pueden hacer cambios rápidos si se descubre algún nuevo aspecto desagradable, como cuando Microsoft cambia los términos de las licencias. Los gobiernos no pueden atarse a limitaciones o invasiones futuras a su privacidad y permanecer libres.
Anteriormente este tema era demasiado técnico y complicado para ser comprendido por líderes de gobiernos y por empleados. Sin embargo, ahora los gobiernos están comenzando a reconocer los problemas. Actualmente, el mayor problema es que un gobierno no puede saber lo que contiene el software propietario. Aceptar software propietario es equivalente a aceptar control externo.
Un proyecto de ley presentado al Congreso de Perú, Bill Number 1609, Free Software in Public Administration [traducción inglesa en pimientolinux.com], da varios motivos por los cuales el software de un gobierno debe ser abierto. Las razones dadas en los párrafos 10, 11 y 12 de la carta han sido reescritas abajo para hacerlas más fáciles de leer y para evitar problemas con traducciones descuidadas.
Un gobierno debe garantizar que los ciudadanos tengan libre acceso a la información del gobierno. Para lograr esto, es necesario que la codifiación de los datos [formato de archivos] no esté atada a un solo proveedor. El uso de formatos abiertos y estándard garantiza este libre acceso, haciendo posible la creación de software compatible [y software que no requiera pagar dinero para lograr ese acceso].
Un gobierno debe garantizar que la información pública esté permanentemente disponible. Es necesario que el uso y mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de condiciones monopólicas impuestas por ellos. La disponibilidad permanente de la información pública sólo puede garantizarse por la disponibilidad del código fuente del software usado para acceder a esa información.
Un gobierno debe garantizar la seguridad nacional. Es necesario tener sistemas libres de elementos que permitan control remoto o la transmisión secreta de datos a terceros. Por ello, es imprescindible tener sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público, para que su inspección por el Estado, los ciudadanos y un gran número de expertos independientes sea posible.
La propuesta de ley hizo que Microsoft escribiese una carta de protesta [traducción inglesa en pimientolinux.com]. La traducción inglesa de esta carta [pimientolinux.com] postuló las razones para la propuesta de ley más claramente en sus párrafos 5 a 8.
y…que tiene que decir al respecto la A.E.P.D?
LOPD a debate
El próximo jueves día 10 de marzo, a las 19:00 horas, tendrá lugar en el Salón de Decanato del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, una charla sobre “Perspectivas y futura reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.”
La charla correrá a cargo de la Letrada Amaya Bretón, miembro de la Sección de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías, integrante del bufete Aralegis y una de nuestras juristas más brillantes en la materia (recientemente recibió junto con nuestro también compañero y Presidente de APDATA – parece que están cambiando algunas cosas – el reconocimiento de la propia Agencia) tendremos oportunidad de conocer de primera mano hacia dónde se dirigen los pasos de las mentes pensantes en este país.
La entrada es libre, por si os animáis.
Ni una bitácora sin Google Bomb!
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Que no…que no es ensañamiento, que es Ley del Talión no más
“Making of”
El amplio elenco de desarrolladores del departamento de I+D+I de Canut y Grávalos – abogados (compuesto por una persona) ha culminado con éxito un proyecto largamente acariciado por el bufete: la respuesta “on line” a consultas jurídicas garantizando la seguridad y privacidad de las comunicaciones (y, por tanto, el secreto profesional) respetando los principios de usabilidad y neutralidad tecnológica.
Desde hace ya unos años teníamos resuelto el problema de la seguridad y privacidad en las comunicaciones “hacia” nuestro sitio web mediante un certificado propio (SSL) donde corre la web, y la implementación de formularios en php. Sin embargo, hasta el momento, no habíamos encontrado la solución al “canal de retorno”; ésto es, las respuestas a las consultas de nuestros clientes.
La respuesta tenía que venir de la mano de la firma electrónica – con la que contamos desde 2.001 en que ACE emitió para nosotros el primer certificado personal de España – sin embargo, y en tanto no se haga extensivo el uso de firma electrónica (o la prometida implantación del D.N.I. electrónico) la posibilidad de comunicaciones cifradas con nuestros clientes quedaba reducida a aquellos que contaran con un certificado emitido por la FNMT, Camerfirma, o Firma Profesional (CA de la firma electrónica, vgr. de los colegios profesionales); por otra parte, ninguna de las Autoridades Certificadoras mencionadas – del sistema RED de la seguridad social mejor no hablar – cumplen con el principio de neutralidad tecnológica, por lo que el universo de usuarios se reduce de forma alarmante.
Finalmente, nos decidimos por crear nuestra propia CA* y generar certificados temporales asociados a los e-mails de los consultantes (el tiempo prudente para que el certificado sea válido dentro del plazo de respuesta), de forma que cuando el usuario entra en nuestra web y realiza la consulta se generan un par de claves; la clave privada se pone a disposición del consultante para que la descargue en su equipo y la instale en su cliente de correo electrónico, la clave pública se mantiene en nuestros servidores seguros y se utiliza para cifrar las respuestas.
Todo este – aparentemente farragoso – proceso, que para el usuario se reduce a un par de “clicks”, permite garantizar la privacidad de las comunicaciones “hacia” y “desde” nuestro servidor seguro, con lo que toda la información que se intercambia entre el despacho Canut y Grávalos y el consultante se mantiene secreta frente a terceros. Con ello no sólo preservamos la privacidad de la información intercambiada con nuestro sitio web, sino que respetamos la LSSICE y el Secreto Profesional de la abogacía, cumpliendo – en gran medida – con el principio de neutralidad tecnológica**.
Una vez evacuada la consulta se elimina de nuestros servidores el e-mail del usuario (único dato personal requerido) y la clave pública generada para cifrar la respuesta, con lo que no existe ningún fichero de datos personales cumpliendo – finalmente – de este modo los mandatos de la normativa sobre protección de datos (ello sin perjuicio de las tésis de esta bitácora sobre el particular).
Removidos los obstáculos técnicos podíamos ya abordar otra de las aspiraciones de Canut y Grávalos; poner nuestro granito de arena en la difusión del – mal llamado – Derecho de Internet estableciendo un canal bilateral de comunicación sin merma en la seguridad y privacidad de los usuarios y de la información intercambiada. Esta aspiración se ha materializado en la prestación del servicio desde una de las bitácoras personales españolas más activas y preocupadas – no sólo, que también, por su anfitrión sino por sus visitantes – en la divulgación del conocimiento en la Sociedad Red: Reflexiones e Irreflexiones, del profesor del CPS Fernando Tricas.
* Canut y Grávalos NO es una Autoridad Certificadora en los términos de la Ley de Firma Electrónica.
** Nuestros certificados temporales permiten cifrado y descifrado de correos electrónicos en la mayoría – NO en todos – de los clientes de correo de electrónico, tanto en entorno s Windows, como en entornos Linux.
La Responsabilidad civil en Internet
Después de las “cuatro patas de la silla de Lessing” llega el “respaldo de Sánchez Almeida” 
En el marco del XIII Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros, que ya se referenció en otro lugar , organizado por la Comisión de Seguros del I.C.A.B.(y uno de los más importantes que tienen lugar en el panorama jurídico patrio) el a-blog-ado Carlos Sánchez Almeida acaba de impartir una conferencia sobre la Responsabilidad Civil en Internet, donde expresa argumentos e idéas que cuentan con el apoyo de esta humilde bitácora; el texto completo puede leerse en la bitácora del autor
UPDATE de las 16:11 h
Sin perjuicio de recomendarles la lectura completa de la conferencia, no he podido resistirme a extractar para Vds. el final de la misma:
Comentaba al principio uno de los mayores peligros de estos tiempos globalizados. La globalización cultural arrastra inexorablemente hacia la globalización jurídica. En ese camino de confluencia entre el common law anglosajón y el derecho continental, no debemos bajar la guardia: hemos de defender con todas nuestras fuerzas aquellas instituciones que mejor garanticen el debido respeto a la seguridad jurídica y al principio de defensa.
Se están intentando importar, en nuestro propio país, y bajo el manto de una pretendida defensa a los derechos de autor, conceptos totalmente ajenos a nuestra tradición jurídica. La responsabilidad civil no puede ser objetiva, aplicada de una forma automática, como si fuese el código informático de una máquina. Ha de ser una responsabilidad basada en los criterios subjetivos del dolo, culpa o negligencia. Una responsabilidad fijada en juicio, bajo el principio de igualdad de medios de defensa. Una responsabilidad establecida en sentencias, con arreglo a nuestra jurisprudencia centenaria. Unas sentencias que no son dictadas por máquinas ni van dirigidas a máquinas, sino por seres humanos y para seres humanos.
Las doctrinas jurídicas del catedrático Lawrence Lessig son un arma de doble filo. En primer lugar, porque parte de una óptica norteamericana del derecho, siendo abundantes sus ejemplos sobre supuestos de hecho resueltos conforme a la interpretación que sobre la Constitución de los Estados Unidos efectúa el Tribunal Supremo Federal. Sus soluciones jurisprudenciales, que en ocasiones han de realizar una adaptación de su doctrina a las nuevas realidades tecnológicas, difícilmente podrían trasplantarse a países europeos de fuerte tradición iuspositivista: son problemas que el jurista continental soluciona mediante nuevas leyes, en el supuesto de que sean necesarias.
El segundo gran problema que conlleva la importación de la nueva doctrina nortamericana reside en su origen: Harvard. Lessig, pese a lo que con frecuencia acostumbran a repetir los periodistas, no es abogado, sino profesor universitario. Ha combatido valientemente por sus ideas desde la tribuna pública, y también ha colaborado en importantes litigios como consultor procesal, pero no es él quien se enfrenta en los juzgados a los bufetes de las multinacionales.
Ello no obstante, a pesar de quedarse en el olimpo académico y no mojarse en el fango de la realidad, Lessig explica cómo pasan realmente las cosas, siendo particularmente acertado su análisis de los peligros derivados de la regulación de la Red. El Código y otras leyes del ciberespacio nos advierte cómo puede ponerse el dogal a Internet desde el Estado y el Mercado. Y el Estado y el Mercado han tomado buena nota de sus teorías: he ahí el arma de doble filo.
CONVOCATORIA DE KEDADA BLOGERA.-
Organiza Vesania y tiene un enlace para aglutinar y eso.
FECHA: SABADO 5 DE MARZO DE 2005 ( es decir este sábado que viene)
LUGAR: ZARAGOZA… a discutir el sitio
HORA: 18:30 HORAS.
