Julio, la propuesta de reforma no altera el inciso del art. 8 de la LSSI que hace referencia a la intervención judicial en caso de que estén en juego la libertad de expresión o el derecho a la información, así como otros valores.

Efectivamente, la Comisión hará una evaluación previa de eso, pues de lo contrario no tendía sentido la reforma, pero lógicamente se podrá impugnar ese cierre o suspensión del servicio en via judicial.

El problema será que la justicia es lenta, y que para entonces dará lo mismo lo que diga el Juez porque ya se habrá cerrado la web cautelarmente, pero siendo sinceros, hoy en día es facilísimo replicar una web y unos contenidos y alojarlos fuera del alcance de la Comisión, así que la efectividad de esta medida será muy relativa y lo que va a generar es una deslocalización.

No obstante, también existen vias para exigir responsabilidad por daños a la Administración si las prácticas de esa Comisión no son correctas.

Mi postura está en el cuerpo de la anotación (y en la que le precede). Efectivamente, la Disposición Final Primera no especifica que vaya a actuarse exclusivamente ante los sitios de enlaces, sino que – en la redacción genérica del texto – pueden actuar frente a blogs, periódicos online … o lo que sea (por la vía PRIVILEGIADA del arbitraje ante la Comisión de la Cultura).

En lo que discrepo contigo (y con la jurisprudencia dictada a fecha de hoy ) es en la equiparación de una bitácora personal a un medio de comunicación (ya sabes que distingo entre weblogs comerciales y no comerciales). También discrepo en que yo sepa más que tú de estos temas … tu formación jurídica se “ve” en tus opiniones sobre la cuestión.

Desde mi humilde punto vista se está desviando – “chapeau” por los responsables de comunicación del ministerio de cultura – la cuestión principal, derivándola hacia los “lugares comunes” del tipo “la SGAE es mala”, o “los ciudadanos son unos piratas” (depende de quien se pronuncie sobre el tema) y dejando fuera del debate la cuestión primordial: la eventualidad de que un órgano administrativo “presuntamente parcial” decida – con exclusión de la jurisdicción ordinaria – sobre conflictos en Internet; y verás que no entro en el fondo del asunto, sino en la FORMA, que en derecho es tan importante como el fondo (argumento que, como sabes, vengo defendiendo desde mi 1ª crítica a CC)..

Perdonadme que me meta en el tema legal, en el que está claro que vosotros sabéis bastante más que yo. Corregidme si me equivoco. En el anteproyecto no se limita el campo de acción a las páginas que alberguen o incluso que enlacen a contenidos protegidos por derechos de autor (que por cierto, no son sólo películas y canciones, también textos de todo tipo). Se habla de cualquier tipo de servicio en internet. Esto es, aplica a cualquier web. Por otra parte, en el texto de la disposición adicional no se especifica ni la composición ni el procedimiento de la comisión. Todo esto se desarrollaría más adelante en un reglamento. Como sería ese reglamento no se conoce aún, pero el equipo de Cultura nos explicó sus ideas con algo de detalle en la famosa reunión.

Podemos discutir si una web de enlaces es o no un medio de comunicación. Pero sin duda estaréis de acuerdo que un blog o un periódico digital si lo son y están sujetos a la protección del 20.5 CE. Bien, pues la disposición adicional hace posible que se pueda cerrar un blog o periódico digital por la vía administrativa. Y sí, seguramente la intención sería acotarlo en el reglamento. Pero entiendo que no parece una norma del rango más adecuado para regular sobre derechos fundamentales como lo son los recogidos en el artículo 20.

Lo que más me preocupó de lo que nos dijo el equipo de Cultura era que en el reglamento se establecería que aquellos casos en los que hubiera cuestiones de libertad de expresión se enviarían a la vía judicial. Pero claro, reservaban a la propia comisión la decisión de cuáles eran esos casos.

Por último, ahora nos agarramos a la LSSI que es lo único que tenemos, pero es precisamente la LSSI la que empezó a crear el agujero por el que luego se pretende colar también esto.

Ya existen leyes de sobra para proteger los intereses de los intermediarios culturales, existen y funcionan, ésto solo es una forma de dar a los intermediarios culturales una herramienta para saltarse la ley a su conveniencia.

Pues si señor, Pedro, sería una cortina de humo excelente.

Además sería un motivo de alegría, pues daría muestra de una fina intelegencia política que a veces se da por perdida en la política.

Un saludo.

Como tampoco puedo estar de acuerdo en la campaña mediática que tuvo lugar con la LSSI, que fíjate por dónde, ahora los internautas abrazan para buscar la aplicación de su régimen privilegiado de responsabilidad.

De acuerdo, muy acertado el planteamiento.

El problema es la sustracción a la justicia de un problema “entre pares”, valga la expresión.

Como dices, casi vería mejor que se crease una comisión en el ministerio de vivienda para los desalojos rápidos de los inquilinos. A veces se afecta un derecho fundamental, pero oye, que no pasa nada…

Yo también tengo cierta sensación de “deja vú”, pero al igual que la otra vez, algunas alarmas no las comparto, sobre todo porque no se explican muy claramente las razones para las mismas (que igual existen).

Un saludo.