blogespierre - pedro j. canut

El 30 de diciembre de 2.005 se cumple el plazo concedido para que las webs institucionales cumplan con los criterios de accesibilidad de la normativa europea sobre servicios de la sociedad de la información.

Los estudios llevados a cabo por Acctiva entre los consistorios españoles que cuentan con web institucional revelan que estamos muy lejos de alcanzar los criterios de convergencia, como demuestra el siguiente gráfico:

De la nota de prensa hecha pública en su día destaco:

” el nivel de cumplimiento de esta ley a día de hoy se sitúa en un 19,61% para los principales municipios nacionales, y en un 16,95% para los municipios de la Provincia de Zaragoza. Y esto solo en cuanto a los criterios más básicos de accesibilidad (nivel 1)”.

Municipios con web en Zaragoza

Si el porcentaje de consistorios dotados de sitios web dista mucho de las expectativas que serían deseables en la Zaragoza del siglo XXI, el porcentaje de webs institucionales en Ayuntamientos de la Provincia de Zaragoza que cumplen la normativa, elaborado por la empresa aragonesa Cierzo-development, es, sencillamente, alarmante:

% de cumplimiento del nivel de prioridad 1

% de cumplimiento del nivel de prioridad 2

Europa, que ya “ha recompensado” nuestra desidia con una sanción por incumplir el plazo de adaptación de la normativa en materia de propiedad intelectual a la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001
tendrá otro motivo para “jugar al amigo invisible” estas navidades; y, como somos como somos(especialmente en Aragón) seguiremos así de tirón de orejas en tirón de orejas incumpliendo los principios de interoperabilidad y neutralidad tecnológica ensanchando cada día más la brecha digital.

Por suerte, como en Casablanca…“siempre nos quedará París“.

N. del A. Cierzo Development y Acctiva colaboran en la asesoría de temas de accesibilidad y ofertan estos informes de modo gratuito a través de sus respectivas webs.

UPDATE 8 de septiembre: también se ha hecho eco Roberto y, quien no podía faltar , como experto en estos temas

Interesante artículo de Sergio Hernando en kriptópolis a propósito de los descubrimientos de la doctora Wang y su equipo

dice textualmente:

“Llegados a este punto, conviene preguntarse qué implica esto para la vida útil de los algoritmos MD5 y SHA-1. Muchos medios se apresuran a tachar los algoritmos como totalmente inválidos a tenor de los resultados, y proclaman su sustitución inmediata como estándar de facto. Pensando sobre el tema, llegamos a la conclusión de que quizás ésto sea algo precipitado.”

y continúa más adelante:

“Es decir, las necesidades que tiene un usuario de UNIX cuando invoca los comandos “md5sum” o “sha1sum” para verificar la integridad de una imagen ISO que ha descargado no son las mismas que las que puede tener un laboratorio de alta seguridad que conserva muestras nucleares y cuyos medios de acceso físico requieren de cifrados muy robustos, por motivos obvios. Tampoco son iguales las necesidades de un portal PHP+SQL que conserva hashes SHA-1 de las claves de usuario, por citar meros ejemplos.”

Mi duda, como operador jurídico, es ¿que seguridad precisa una transacción on line con nuestro banco o, yendo más lejos, que seguridad precisa el cifrado de la AEAT o de las comunicaciones con los Tribunales de Justicia?

¿responden, en estos momentos, SHA-1 y MD5 al concepto de seguridad razonable atendido el estado de la técnica que predica nuestra normativa de firma electrónica?

Lo bueno, o lo malo, de Internet es que casi todo lo que uno diga… ya lo han dicho otros antes…y mejor. La “batalla” por la interoperabilidad del software, la neutralidad tecnológica y la implantación de software libre en la administración pública ya se empezó en 2.003.

Desde esta humilde bitácora, sólo nos queda recordar que todo eso está avalado por normativa nacional y comunitaria. Y que desoir dicha normativa supone vulnerar unos cuantos derechos fundamentales.

En el ámbito de la administración de Justicia, los derechos fundamentales vulnerados son más; aunque, por supuesto, ” Biel Gates” continúe insultando la inteligencia de los contribuyentes (no, no es un error, no quería decir ciudadanos, quería decir contribuyentes que es lo único que interesa a los políticos).

Corto y pego una de las mejores noticias que he recibido en los últimos meses; ayer, 21 de junio de 2.005, el Consejo General de la Abogacía Española ha entregado al Ministro de Justicia las siguientes propuestas:

“1. Exención de derechos de propiedad intelectual en los equipos, aparatos y soportes destinados a la función de impartir Justicia. En este sentido, los juicios orales civiles deben quedar exentos del canon en favor de las entidades de gestión de la propiedad intelectual (el canon sobre los soportes digitales).

8. Los Jueces, Secretarios Judiciales, Procuradores de los Tribunales y Abogados, deben poder acceder a los anteriores poderes electrónicos notariales, empleando sus propios certificados digitales legalmente reconocidos, emitidos respectivamente por la FNMT y por ACA-CGAE.”

Y ello a pesar de que tras la publicación de este post se me sugirió que debía presentar mi dimisión como Presidente de la Sección de Derecho de Internet y Nuevas tecnologías del R. e I.C.A.Z.

Me parece buen momento para presentar en sociedad e-legalidad bitácora informativa en la que un nutrido grupo de abogados, ingenieros informáticos y académicos estamos recopilando información acerca del proyecto LexNet.

Hasta aquí la información. Con más calma, esta noche quizás, llegarán los comentarios.

En la Ponencia de estudio sobre el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa, aprobada por la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado de España, en su sesión del día 14 de junio de 2.005, se establecen recomendaciones sobre medidas concretas que debe de contener el Plan de Convergencia; entre ellas, destacaremos la XI, que bajo el título de SOFTWARE EN LA ADMINISTRACIÓN establece que:

“Se potenciará la neutralidad tecnológica en el uso del software así como el acceso a los códigos-fuente, analizando con rigor las ventajas e inconvenientes del software utilizado. En el ámbito de la educación se pondrán en común las experiencias que ya están desarrollando algunas Comunidades Autónomas para la utilización de un software de código abierto.”

Y concluye que:

“En todo caso se exigirá evitar barreras tecnológicas que impidan al ciudadano acceder a cualquier servicio de las distintas administraciones por el tipo de software que utilice”.

Ya lo han contado en otro sitio

Sin embargo, algunos siguen sin enterarse comportándose cual batuecos que desprecian cuanto ignoran.

Pueden acceder al texto integro de la Ponencia en este enlace.

La comparecencia del Ministro López Aguilar, tenía por objeto explicar la parálisis del proceso de reforma de la Administración de Justicia y el desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000296).

Ni el Sr. Ministro, ni niguno de los portavoces de los grupos parlamentarios hicieron mención alguna (en las más de seis horas de sesión) al procedimiento informático soporte del programa LexNet; ni al coste de las miles de “licencias” de software necesarias para la implantación de las medidas modernizadoras de la Justicia; no obstante lo cual el Sr. Ministro nos recordó que: “tenemos la obligación de administrar los dineros públicos en materia de justicia con clara vinculación a la mejora del servicio y del rendimiento de la justicia”; tampoco se cuestionó la adecuación del proyecto a las directrices comunitarias; ni se oyeron las palabras interoperabilidad ni neutralidad tecnológica.

Sin embargo, Sus Señorías estaban muy preocupados por el coste económico del proyecto; por lo que dedicaron una parte significativa del debate a los incrementos salariales de los funcionarios de justicia, a los que se refirió el Sr. Ministro en estos términos:

“…/…en justicia hemos hecho un esfuerzo que significa un incremento en esta legislatura del 18,54 % de la masa salarial de los funcionarios de la Administración de Justicia. Este incremento es para atender lo que consideramos que es una justa reivindicación de obtener incentivos retributivos para poner de su parte, para incorporarse, para implicarse en la implantación de la nueva oficina judicial …/…”

Dicho de otro modo; para comprar voluntades convencer a los funcionarios de justicia de la necesidad de su implicación en el proyecto. Por otra parte - desconocemos si en la misma línea de buscar adeptos - el Ministro, a preguntas de la portavoz del Grupo Vasco, anunció la presentación del proyecto de ley de acceso a la profesión de abogados y procuradores (“Ley de pasantía”).

Que nadie se lleve a engaño, Sus Señorías - como una piña - están decididos a la implantación de la oficina judicial sustentada en LexNet; en terminos del Sr. Ministro: “…/…promoción de un plan de informatización y de renovación tecnológica”; o, como expresó en otro apartado de su comparecencia:“Es un horizonte al que tenemos que continuar apuntando con perseverancia y al que los operadores jurídicos deben contribuir claramente adaptando sus usos y sus métodos de trabajo a las nuevas realidades.

El Sr. Astarloa, del Grupo Parlamentario Popular, lo expresó de un modo más asequible al sufrido contribuyente:

“Su señoría(refiriendose al ministro) ha ido desgranando aquí grandes ideales, como que van a dedicar 2 millones de euros para la informatización de la justicia y las nuevas tecnologías: Vamos a sustituir el papel por las nuevas tecnologías con 2 millones de euros.

El consenso (aparte los incrementos salariales de los funcionarios de justicia y el proyecto de ley de acceso a la profesión de abogado y procurador - largamente demandado por los dos colectivos) tiene otra “pata”; y no es otra que la configuración del Tribunal Supremo como órgano de casación para unificación de doctrina; en la línea propuesta por el Plan Ibarretxe y el Parlament de Catalunya.

El trato dispensado - con honores de Jefe de Estado - al presidente de una conocida empresa radicada en Redmon (USA), en su última visita a nuestro país, representa la cuarta pata de ese banco donde el ejecutivo quiere sentar a la Justicia y tumbar a la incipiente industria española del software libre.

Como continuación al proyecto ISENGARD se elabora, en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas (que lo publica en junio de 2.002), el proyecto RHODAS;

“un proyecto que afecta a la organización y gestión de un número elevado de sistemas informáticos de una gran red departamental del Estado” (unos 200 servidores – que corren ya bajo GNU/Linux desde 2.001 – y 8.000 puestos de trabajo), y “que se refiere a un desarrollo ya practicamente culminado y susceptible de aplicación práctica con garantías”

y de cuyas razones de implantación ya nos hemos hecho eco en esta bitácora.

El proyecto se abandona en noviembre de 2.002 por razones poco – o nada – explicadas, a decir del Tribunal de Cuentas en su informe de 30 de marzo de 2.005. Y ello a pesar del entorno normativo y político en el que fue desarrollado el proyecto:

*Planes de acción eEurope-2.000 y eEurope-2.005 aprobados, respectivamente, por los Consejos Europeos de Feira (Portugal) en junio de 2.000, y de Sevilla (España), en junio de 2.002.

*Programa IDA II (Intercambio de Datos entre administraciones), aprobados por las Decisiones 1719/1999/CE y 2046/2002/CE, todas ellas del Consejo y del Parlamento Europeo.

*Criterios de Normalización, Seguridad y Conservación, elaborados por el CSI, y aprobados por la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios en sus plenos de 18 de diciembre de 2.001 y 18 de diciembre de 2.002.

*Debate del Pleno del Congreso de los Diputados de 24 de septiembre de 2.002.

Un proyecto que habría supuesto la migración progresiva a soluciones de software libre en la Administración Pública Española (partiendo de su implantación en el Ministerio de Administraciones Públicas, es abandonado sin motivación legal - siempre según el citado informe del Tribunal de Cuentas) con escrupuloso respeto a los principios de Interoperabilidad y Neutralidad Tecnológica; y que hubiera supuesto un incremento en la seguridad y un ahorro de millones de €uros es sustituído “de facto” por el proyecto LexNet; una “solución pragmática” que, partiendo de un núcleo respetuoso con la normativa comunitaria, se torna – sin embargo – en una solución de software cerrado (microsoft) para los usuarios del sistema (Juzgados, abogados, procuradores y peritos) y para todas aquellas administraciones públicas que, en mayor o menor medida, deban interactuar con los Tribunales de Justicia (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo…).

En definitiva, la implantación de LexNet representa no sólo una actuación “contra legem” en el ámbito “reducido” de la Administración de Justicia; sino – en el fondo – la perpetuación “ad infinitum” del síndrome de cliente cautivo en toda la administración española; con las consecuencias de despilfarro en favor de una sola empresa (norteamericana) e inseguridad que representa que toda la documentación digitalizada de la administración pública de un país dependa del software de código cerrado de una multinacional extranjera.

A mayor abundamiento, la centralización de los datos y la información (sensible) de los justicibles de una nación democrática en los servidores del Ministerio de Justicia es un atentado a la independencia del Poder Judicial, al secreto profesional de la abogacía (mermado en toda Europa desde la aprobación de la Ley de blanqueo de capitales), y al Derecho a la Intimidad y a la autodeterminación informativa de millones de españoles.

No es un problema temporal que resolverá más pronto o más tarde la Unión Europea (con el consiguiente incremento del gasto público), que también; es una irresponsabilidad política meditada que ha elegido como buque insignia al sector profesional menos familiarizado con las nuevas tecnologías: la abogacía; quizás buscando, como efecto colateral, la drástica reducción del número de abogados en ejercicio (en lugar de afrontar una Ley de Pasantía reclamada desde hace años por el Consejo General de la Abogacía).

Ha pasado el tiempo de la información pública – pués se trata de un problema que afecta a toda la sociedad – y ha llegado el momento de ejercitar las acciones legales precisas para exigir del Ministerio de Justicia la adecuación del proyecto LexNet a la legalidad vigente.

Publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas en junio de 2.002, como continuación al proyecto ISENGARD. Extracto del documento el apartado

“4.4 RAZONES PARA EL CAMBIO Y VENTAJAS QUE APORTA

* Bajo coste. Como se ha mencionado anteriormente supone un ahorro importante al no pagar por licencias.
*Independencia total de cualquier sector privado o empresa. Esto supone no estar atado a las condiciones de mercado impuestas por ciertas empresas en situación de monopolio.
*Seguridad y privacidad. Al disponer siempre del código fuente siempre se conocerá su funcionamiento interno, se encontrarán y corregirán mucho antes los posibles errores, filtraciones y otros problemas de seguridad. Actualmente Linux es inmune ante la inmensa mayoría de los virus, que afectan casi exclusivamente a los sitemas Windows.
*Adaptabilidad. Las modificaciones y correcciones de posibles errores se realizan de forma inmediata. De esta forma las aplicaciones están en contínua mejora y en proceso de evolución.
*Calidad. El software libre, al ser de dominio público, está continuamente siendo usado y depurado por un gran número de desarrolladores y usuarios del mismo, que añaden y demandan constantemente nuevas funcionalidades.
*Respeto a los estándares. El uso de software libre y de sistemas abiertos facilita la interoperabilidad, siendo ésta un aspecto fundamental para las Administraciones Públicas, dada la gran cantidad de unidades con responsabilidades en informática.
*Redistribución. Cualquier cambio y mejora que se introduzca en programas bajo licencia libre debe ser incluído en posteriores versiones y publicado en el código fuente. Así el desarrollo tecnológico es contínuo, dinámico y toda la sociedad se beneficia de él.
*No hay restricción legal de uso. No hay limitación en el número de licencias ni de copias.
*Continuidad. El hecho de que el código fuente esté disponible para todo el mundo garantiza el derecho de cualquier persona o empresa a continuar su desarrollo.
*Facilidad en la creación de nuevos desarrollos. Se pueden iniciar nuevos proyectos basados en el código de cualquier programa libre, o adaptarlo sin necesidad de solicitar autorización al respecto.
Linux posee actualmente potentes entornos gráficosmuy intuitivos y amigables, al estilo de Windows. Esto permite una migración más suave para el usuario final.”

(David Barreño Molina, Javier Ballesteros Plaza, Ruben Cuesta Arnaldo, Fernando Ferreira Farreres, Luis Gutierrez López, Laura Lozoya Sánchez)

El proyecto RHODAS es abandonado en noviembre de 2.002; los motivos esgrimidos por el M.A.P. :

“insuficiencia de recursos humanos”
“inexistencia de un formato de intercambio de documentos que permita la interoperabilidad”

“A juicio del Tribunal de Cuentas, sin embargo, no está justificada la concurrencia de ninguno de estos motivos ni, en su caso, las consecuencias que se podrían extraer de los mismos”.

(apartado 2.7 “in fine” del Informe de Fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del Proyecto RHODAS: Migración a estaciones de trabajo LINUX para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de marzo de 2.005).

En el mismo año (2.002) el Ministerio de Justicia registra, finalmente, la marca LexNet.

Hace unos días analizábamos la adecuación del programa piloto lexnet en Zaragoza a la legalidad vigente en materia de interoperabilidad y neutralidad tecnológica con ocasión de su presentación en Zaragoza.

Hoy leo que la multinacional del software ha inaugurado su primer Technology Center (MTC) del sur de Europa. y que lo ha hecho en Walqa

Cuántas novedades tecnológicas están ocurriendo en Aragón!

Estimad@s compañer@s:

Tras un año de informar verbalmente de algunos de los problemas que, a mi entender, representaba la implantación del proyecto LexNet en la forma en que se está verificando; silenciando errores y (lo que yo, humildemente, considero) medias verdades, en la eterna promesa de que el proyecto estaba en fase de pruebas y que todos los “flecos” quedarían resueltos antes de su definitiva puesta en funcionamiento, me veo en la obligación moral de transmitiros por escrito las – ya anunciadas – cautelas; en la confianza de que hagais cuanto esté en vuestra mano, que me consta es mucho, para evitar que este proyecto siga adelante con su actual configuración. Los problemas, técnicos y jurídicos, a los que aludo son:

1º.- No se cumple con el requisito de interoperabilidad y neutralidad tecnológica que nos impone la Unión Europea al obligar a los operadores jurídicos al uso de un único sistema operativo (microsoft windows XP), un único navegador web (Internet Explorer 6.0) y un único cliente de correo electrónico (microsoft oulook exprés 6.0), de los que son ejemplo el documento de trabajo de la Comisión sobre interoperabilidad y el Plan de acción e-Europe 2.005, y en el ámbito español los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de 24 de junio de 2004 dictados en desarrollo del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado; de cuyos criterios de normalización extracto lo que sigue:

“Se denomina software libre aquél software, todo software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye bajo una licencia, según la cual el autor (cedente de la licencia) cede una serie de libertades básicas al usuario (licenciatario) en el marco de un acuerdo de concesión (licencia):

* Libertad de elección, del equipo físico, los programas o los servicios. El síndrome de cliente cautivo con frecuencia conduce a que actualizaciones y migraciones en entornos propietarios se hagan en unas condiciones de negociación muy desfavorables para la Administración.
* Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en formación de técnicos y usuarios, frente a la discontinuidad de los productos, bien por políticas comerciales o bien por desaparición del mercado del suministrador.
* Mejor relación precio/rendimiento. En el caso del software libre y de fuentes abiertas, los precios no se determinan en régimen de monopolio de oferta, pues favorece la competencia.
* Garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de la Administración de ofrecer el servicio público a los ciudadanos.”

2.- Consecuencia de lo expuesto en el ordinal 1º se quiebra, siempre en mi modesta opinión, el secreto profesional y el Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 24 C.E. al imponer una tecnología de código cerrado (el usuario no tiene acceso al código fuente) propietaria que, además, representa un desembolso constante y esclavo en software y – no lo olvidemos – en hardware (que pueda soportar con garantías un S.O. como el propuesto en el proyecto LexNet).

3.- Como formador de los cursos impartidos por el Colegio he detectado el preocupante – con honrosas excepciones – nivel en ofimática de los compañeros. La implantación del proyecto, tal como está diseñado en la actualidad, podría privar a una importante mayoría de abogados de ejercer la profesión “por no tener máquina de escribir”, abriéndose de manera preocupante, todavía más, la brecha digital.

4.- La dependencia del Ministerio de Justicia podría suponer un grave ataque a la independencia de nuestra profesión; y el alojamiento permanente de todos los expedientes en los servidores del Ministerio de Justicia podría conculcar el Derecho a la Intimidad y a la Autodeterminación Informativa de nuestros clientes; derechos consagrados en el artículo 18 de Nuestra Carta Magna.

5.- El proyecto se está llevando a cabo sin transparencia alguna; la única información escrita que me consta; excepción hecha de los “manuales de formador” y la convocatoria pública a la jornada de esta tarde , proviene de Internet , y no precisamente del Ministerio de Justicia, ni de la web de redabogacía. Es deseable que un proyecto de esta importancia se someta a la publicidad y transparencia que impone el Estado Social y Democrático de Derecho que es España.

Soy, os consta, incansable defensor de las Nuevas Tecnologías; y partidario de la e-administración; pero no así, no a este precio.

Os ruego, por ello, no seais complices, ni nos hagáis cómplices a los colegiados, de este proyecto en su actual configuración.

y no soy el único que está preocupado

UPDATE 23:48

Ya se ha publicado una crónica de la jornada de ayer

UPDATE 2/6/05

Quizás todo esté relacionado…o quizás no.