Uno tiene la sempiterna esperanza de que los foros internacionales donde se debate acerca del presente y futuro de la libertad, los derechos y las obligaciones de la sociedad; en definitiva las reglas del juego, y se escribe Ser Humano con mayúsculas, tienen que concluir – necesariamente – con compromisos tangibles y políticas coherentes con un mundo (para bien o para mal) globalizado.

La libertad hoy se está luchando en (y acerca de) la Red, y sólo se alcanzará por el imperio de la Ley, mediante la extensión de convenciones jurídicas que, respetando la soberanía de los Estados y los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, garantice la pluralidad y proscriba los monopolios.

Fiscalidad

Internet dejó de ser hace tiempo exclusivamente el lugar común de académicos e intelectuales que compartían conocimientos con medios sufragados por las universidades (y en última instancia por el ciudadano a través de los impuestos), y ha pasado a ser, además de un fondo cultural inabarcable, un reflejo de la sociedad de la que emana; un gran zoco donde el comercio electrónico puede – y debe – romper la brecha digital de las economías emergentes en un contexto de libre mercado.

Sin embargo, para que los actores implicados confluyan en igualdad de oportunidades a este mercado global se hace necesario poner énfasis en la fiscalidad internacional de los productos y servicios que se ofertan en el world wide web; de otro modo, a la ventaja en infraestructuras, formación e inversiones de que goza el primer mundo – y en concreto los Estados Unidos de América de Norte – se sumará, se está sumando, la ventaja competitiva de las empresas estadounidenses por obra y gracia de la moratoria “impuesta” por el ejecutivo U.S.A. al comercio-e de las sociedades estadounidenses.

Infraestructuras

El actual “status quo” de control de Internet y de las instituciones que asignan nombres de dominio por parte de los Estados Unidos, con el débil argumento del control del cibercrimen convierte en papel mojado no sólo – pero fundamentalmente – derechos humanos como la libertad de expresión, el libre acceso a la cultura y la privacidad de los internautas (ciudadanos/ consumidores/ usuarios); sino, desde un punto de vista más prágmático, principios como la libre competencia, el libre mercado y la interoperabilidad.

El control de Internet no es sino el paradigma de los monopolios existentes en la red, y de la creación artificial de estándares que junto con el idioma y la normativa “ad hoc” condicionan, y perpetúan, la hegemonía de un sólo país estrangulando la economía del resto de los Estados obligados a pagar regalías y a ceder soberanía en favor de las multinacionales.

No debemos caer, entiendo, en la demagogia de aceptar que, dado que el world wide web ha sido desarrollado por U.S.A. existe una patente de corso de obligado cumplimiento. Existen razones de fondo – y de sentido común – para considerar a Internet como patrimonio de la humanidad; sin perjuicio del reconocimiento debido y la contribución económica de los Estados al sostenimiento del sistema.

Internet y Derecho

La realidad descrita se asienta sobre una “leyenda urbana”, alimentada por las multinacionales norteamericanas y japonesas, consistente en la creencia generalizada de que no se pueden poner puertas al campo, y que la regulación positiva de Internet es un imposible de facto; perpetuándose una anacrónica situación de “far west” sustentada con el débil sustrato jurídico de la autorregulación sectorial y el sistema de licencias unilaterales donde la pequeña empresa, el consumidor y el ciudadano están perdiendo, bit a bit, derechos adquiridos con sangre durante siglos; desjudicializando los conflictos y con una clara tendencia – como mal menor – a los arbitrajes “patronales” (que, dicho sea de paso, no acaba de cuajar en los sistemas jurídicos iuspositivistas de tradición romano-germánica).

El control de la tecnología por un solo país, la moratoria fiscal al comercio electrónico y la ausencia casi generalizada de derecho positivo garante de la privacidad de los ciudadanos; con excepciones tasadas en los llamados “puertos seguros” (que, en nuestro derecho conforman derechos fundamentales como la Intimidad y la Autodeterminación informativa) determinan en estos momentos la existencia de ingentes bases de datos personales en manos de sociedades domiciliadas en “paraísos legales” (y no me estoy refiriendo a las islas Caimán) que siguen creciendo – día a día – socavando, sin control legal ni tecnológico, la intimidad de las personas; de tal modo que muchas “entidades” con maquillaje de ONG y fines presuntamente altruistas pueden obtener un lucro incontrolado con nuestros datos personales, nuestros hábitos de navegación, nuestra dirección IP…o con la suma de todo ello, en un moderno “toco-mocho cibernético” en el que la aparente gratuidad de los servicios ofertados baja las defensas del internauta ávido de servicios gratuítos.

La primera víctima de la “alegalidad” alimentada por las grandes corporaciones es la privacidad; y no sólo en el ámbito expuesto sino, con la excusa de preservar otros derechos o de la seguridad internacional, con la implantación de sistemas anticopia o la impunidad de los “tracers” sin control judicial.

Libre comercio

La solución viene de la mano del libre comercio bien entendido; de la implantación de modelos de negocio sostenibles; permitiendo a las economías emergentes el acceso a la tecnología y la formación necesaria para afrontar el comercio electrónico en igualdad de condiciones con el primer mundo; libre circulación de bienes y personas bajo los principios de legalidad, responsabilidad y solidaridad; por que sólo donde hay derecho y seguridad jurídica se genera confianza y se garantizan los derechos humanos.

No negaré que en Internet 1.0 se hacía muy dificil establecer herramientas informáticas que dieran soporte a las necesidades jurídicas garantes de los derechos humanos y el comercio electrónico, lo que hacía necesario – como mal menor – acudir a códigos de conducta y licencias unilaterales; sin embargo, en la Web 2.0 la tecnología se pone al servicio del Derecho, y éste retoma su sentido milenario haciendo posibles las transacciones económicas seguras; la privacidad de las comunicaciones; la prestación del consentimiento y el control judicial de los conflictos en la red.

Las políticas de los Estados deben ir dirigidas a la adaptación del derecho – donde sea necesario – a las nuevas realidades; a crearlo donde no lo haya, y a dotarlo, como en el caso del derecho de obligaciones y contratos, del soporte informático que lo haga posible con todas las garantías. No obstante, la libertad y la igualdad no se conseguirán hasta que exista una revisión de conceptos; de estandarización a interoperabilidad; el estándar – y sobre todo el estándar unilateral – desemboca en monopolio, y la interoperabilidad en libre mercado.

Reflexión

La semana que acaba nos ha dejado – nuevamente – el amargo sabor de las oportunidades perdidas; de los brindis al sol y la consolidación de los estándares; la semana que acaba ha cimentado el “far west” y los monopolios en Internet.