La política de datos abiertos del Gobierno de España es el claro ejemplo de que la pretendida alternancia ideológica en la democracia española no es sino un espejismo y, en el mejor de los casos, una excusa para seguir tirando dinero público por la alcantarilla.

Tras la decepción intelectual por la gestión socialista de las políticas de reutilización me había alejado completamente de la cuestión hasta que hace un par de días el WhatsApp de un amigo me recordó el tema y la curiosidad (sí, la que mató al gato) me llevó de nuevo a la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para comprobar que la gestión popular de las políticas de reutilización era tan decepcionante y continuista como la de sus predecesores.

A pesar de que el estudio MEPSIR de la U.E. informaba que el valor de la reutilización en Europa podía cifrarse en torno a los 27.000 millones de €uros/ año, y que la propia Red.es en su Guía APORTA estimaba en 2.400 millones de €uros el valor de la reutilización en España … a pesar de que existe normativa comunitaria  y española sobre reutilización de la información del sector público (que debe aplicarse de forma coordinada con el resto del ordenamiento jurídico español, y muy especialmente, con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre … a pesar de que cualquier estudiante de Derecho conoce la diferencia entre licencia administrativa (como por ejemplo la licencia de obras menores) y licencia (como por ejemplo la GPL) … a pesar de que en los años que han pasado desde la publicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre hasta hoy España ha atravesado una de las mayores crisis económicas de su historia reciente nuestros políticos de uno y otro signo político siguiendo ¿a sabiendas? una consigna ajena al dictado de la Ley han desperdiciado un dineral (hagan ustedes la cuenta: 2.400 millones de €uros x 8 años) … es más, han destinado recursos de los famélicos presupuestos en crear plataformas open data gratis total que sólo benefician a multinacionales foráneas en lugar de desarrollar los dictados de la Ley de Reutilización a la luz de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y favorecer la creación de un tejido nacional de empresas infomediarias mediante el establecimiento de un mecanismo de licencias administrativas de reutilización sufragado con precios públicos  … ¿con que cara van a decirles los ediles municipales al sector turístico – uno de los motores de nuestra economía – que les cobran por utilización del dominio público mientras regalan miles de millones de €uros a empresas estadounidenses?

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, artífice de la moda open data se limita a citar en sus avisos legales el artículo 8 de la Ley 37/2007, en lugar de establecer un mecanismo de licencias administrativas de reutilización online ajustado a Derecho  ¿cómo nos comemos este “sapo” Ministro Soria?

(pueden acceder a la “versión extendida” desde aquí  )