Como continuación al proyecto ISENGARD se elabora, en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas (que lo publica en junio de 2.002), el proyecto RHODAS;

“un proyecto que afecta a la organización y gestión de un número elevado de sistemas informáticos de una gran red departamental del Estado” (unos 200 servidores – que corren ya bajo GNU/Linux desde 2.001 – y 8.000 puestos de trabajo), y “que se refiere a un desarrollo ya practicamente culminado y susceptible de aplicación práctica con garantías”

y de cuyas razones de implantación ya nos hemos hecho eco en esta bitácora.

El proyecto se abandona en noviembre de 2.002 por razones poco – o nada – explicadas, a decir del Tribunal de Cuentas en su informe de 30 de marzo de 2.005. Y ello a pesar del entorno normativo y político en el que fue desarrollado el proyecto:

*Planes de acción eEurope-2.000 y eEurope-2.005 aprobados, respectivamente, por los Consejos Europeos de Feira (Portugal) en junio de 2.000, y de Sevilla (España), en junio de 2.002.

*Programa IDA II (Intercambio de Datos entre administraciones), aprobados por las Decisiones 1719/1999/CE y 2046/2002/CE, todas ellas del Consejo y del Parlamento Europeo.

*Criterios de Normalización, Seguridad y Conservación, elaborados por el CSI, y aprobados por la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios en sus plenos de 18 de diciembre de 2.001 y 18 de diciembre de 2.002.

*Debate del Pleno del Congreso de los Diputados de 24 de septiembre de 2.002.

Un proyecto que habría supuesto la migración progresiva a soluciones de software libre en la Administración Pública Española (partiendo de su implantación en el Ministerio de Administraciones Públicas, es abandonado sin motivación legal – siempre según el citado informe del Tribunal de Cuentas) con escrupuloso respeto a los principios de Interoperabilidad y Neutralidad Tecnológica; y que hubiera supuesto un incremento en la seguridad y un ahorro de millones de €uros es sustituído “de facto” por el proyecto LexNet; una “solución pragmática” que, partiendo de un núcleo respetuoso con la normativa comunitaria, se torna – sin embargo – en una solución de software cerrado (microsoft) para los usuarios del sistema (Juzgados, abogados, procuradores y peritos) y para todas aquellas administraciones públicas que, en mayor o menor medida, deban interactuar con los Tribunales de Justicia (Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo…).

En definitiva, la implantación de LexNet representa no sólo una actuación “contra legem” en el ámbito “reducido” de la Administración de Justicia; sino – en el fondo – la perpetuación “ad infinitum” del síndrome de cliente cautivo en toda la administración española; con las consecuencias de despilfarro en favor de una sola empresa (norteamericana) e inseguridad que representa que toda la documentación digitalizada de la administración pública de un país dependa del software de código cerrado de una multinacional extranjera.

A mayor abundamiento, la centralización de los datos y la información (sensible) de los justicibles de una nación democrática en los servidores del Ministerio de Justicia es un atentado a la independencia del Poder Judicial, al secreto profesional de la abogacía (mermado en toda Europa desde la aprobación de la Ley de blanqueo de capitales), y al Derecho a la Intimidad y a la autodeterminación informativa de millones de españoles.

No es un problema temporal que resolverá más pronto o más tarde la Unión Europea (con el consiguiente incremento del gasto público), que también; es una irresponsabilidad política meditada que ha elegido como buque insignia al sector profesional menos familiarizado con las nuevas tecnologías: la abogacía; quizás buscando, como efecto colateral, la drástica reducción del número de abogados en ejercicio (en lugar de afrontar una Ley de Pasantía reclamada desde hace años por el Consejo General de la Abogacía).

Ha pasado el tiempo de la información pública – pués se trata de un problema que afecta a toda la sociedad – y ha llegado el momento de ejercitar las acciones legales precisas para exigir del Ministerio de Justicia la adecuación del proyecto LexNet a la legalidad vigente.